“JUECES, POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y POLICÍAS FORMAN PARTE DE LAS PODEROSAS MAFIAS QUE OPERAN EN EL PAÍS”
ASEGURA CASTRESANA.
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el jurista español Carlos Castresana, asegura que jueces, fiscales, políticos, diputados, empresarios y policías forman parte de las poderosas mafias que operan en este país.
Estos grupos criminales "son muy poderosos, tienen una enorme capacidad de torcer el brazo del Estado de Derecho" y "elementos poderosísimos dentro de la Fiscalía, dentro de la policía, dentro del Organismo Judicial", dijo Castresana en entrevista con Efe.
"No nos engañemos: hay magistrados que están en las nóminas (de las mafias), hay empresarios, hay políticos, hay diputados que trabajan para estos grupos", señaló.
Estos personajes, precisó, "saben totalmente lo que están haciendo" y, aunque no todos libran las mismas batallas, "cada uno tiene sus sectores de interés y sus grupos a proteger".
Se trata, explicó, de "grupos mortalmente enfrentados entre sí", pero que "ahora cierran filas" al sentirse amenazados "como nunca antes habían sido amenazados, por la Cicig pero también por el Ministerio Público".
Según el comisionado, "son grupos que hace 20 o 30 años trabajaban en el contexto del conflicto armado, y hoy trabajan simplemente por dinero".
"Y claro está que se protegen unos a otros y cierran filas cuando sienten el empuje del Estado de Derecho", afirmó.
En los dos años y medio que lleva la Cicig trabajando en Guatemala "estos grupos han sido identificados perfectamente, por eso es que están reaccionando", sostuvo Castresana al denunciar una "campaña de desprestigio" en contra del organismo que dirige.
Hace unos meses, agregó, estos grupos "podrían tener una idea genérica" de que estaban en la mira de la Cicig, "pero ahora sí tienen una idea muy concreta" por las actuaciones que ha llevado a cabo esta comisión y que, entre otras cosas, derivó en la detención de jefes policiales y del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004).
"Hay mucha información que todavía guardamos y que los malos no saben que tenemos, pero conforme traducimos esa información en prueba de cargo y los llevamos ante los tribunales, nuestras cartas se irán viendo conforme las ponemos sobre la mesa", indicó.
La Cicig es una instancia de las Naciones Unidas, única en su género, que fue solicitada por el Gobierno guatemalteco para colaborar en el desmantelamiento de los grupos criminales y mafias que se han incrustado en el Estado para procurar impunidad.
Castresana subraya que no son paranoicos pero sí han percibido una "actitud agresiva, negativa, infundada, de ciertos sectores" que responden a los "intereses de los grupos clandestinos".
"Hemos hecho tanto daño a sectores que nunca habían sido molestados en Guatemala, que éstos naturalmente reaccionan", señaló.
Según el jurista, "una de las maneras, no la única pero sí importante", con que las mafias intentan dañarles "es causando un desgaste a la imagen de la Comisión, incluso a la persona del comisionado", por medio de publicaciones malintencionadas.
Se refirió así a una supuesta campaña iniciada tras la captura de Portillo que se ha traducido, entre otro hechos, en diversas publicaciones en la prensa local en las que se cuestiona el trabajo de la Cicig y se critica que no se ataque a otros grupos criminales.
"Sabíamos que esto se iba a producir. No estamos particularmente asustados o alarmados, (pero) naturalmente nos molestan las falsedades que estamos viendo publicadas", declaró.
Los "operadores" de la campaña de desprestigio, indicó Castresana, utilizan los medios de comunicación locales para arremeter en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad.
"La prensa se escandalizó cuando, hace un año, dije que (los grupos clandestinos) están también dentro de los medios de comunicación y pedían nombres: pues allí están, ahí los tienen, los pueden ver con la misma transparencia (con) que los vemos nosotros", comentó.
Agregó que "en aquel entonces" estaban en una situación "tranquila" porque aún no se había tocado a los grupos que representan o protegen.
"Como ahora los hemos tocado, pues ellos han reaccionado", dijo.
"Estamos en el buen camino, se están dando los resultados. Precisamente por eso hay esa reacción feroz de lo grupos que nunca habían sido molestados", concluyó.
Castresana dice que la impunidad en Guatemala sigue "horrible", pero hay avances
La impunidad que afecta a Guatemala "sigue siendo horrible", con un índice de entre el 95 y el 99%, pero se han producido "avances importantes" para desterrarla, dijo el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), Carlos Castresana.
"Estamos hablando de un altísimo índice de impunidad, de entre el 95 y el 99%, lo cual es horrible, pero no se están produciendo retrocesos, sino avances importantes que se están consolidando", señaló el magistrado español en una entrevista con Efe.
Como evidencia de esos avances, precisó, "hay que ver las sentencias condenatorias" que se han producido en los últimos meses, así como "el número y calidad de las acusaciones" que promueve la Fiscalía y "el perfil cualitativo de las personas que están ingresando en prisión".
"¿Cuándo se había visto en la cárcel a un ex presidente, a un ministro de la Defensa, a un ministro de Finanzas, a dos jefes de la (Policía Nacional Civil) PNC, a empresarios, abogados, jueces?", preguntó Castresana, en referencia a los procesos en contra del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) y varios de los ex funcionarios de su Gobierno.
Estas detenciones "son muestras de que se está avanzando" porque se trata de personajes que integran, dirigen o procuran impunidad para grupos clandestinos y que "nunca habían sido molestadas por la jurisdicción penal en Guatemala", aseveró.
Los avances en la lucha contra la impunidad "son incontestables e indiscutibles", aseguró el titular de la Cicig, aunque reconoció que son "insuficientes" para este país centroamericano en donde cada día son asesinadas un promedio de 17 personas.
"Puede ser que se diga que no son lo suficiente. Sí es verdad, pero en ese sentido se debe hacer una evaluación con una perspectiva histórica sobre cómo estaba el país hace 20 años, cómo estábamos hace dos años, y cómo estamos ahora", indicó.
La Cicig es una instancia de las Naciones Unidas que desde septiembre de 2007 colabora con las autoridades locales para desmantelar a las mafias que se han incrustado en las estructuras del Estado para procurar impunidad.
El comisionado reconoció que en Guatemala "hay personas muy comprometidas, muy confiables, que entienden perfectamente la situación de emergencia para adoptar las medidas que se requieren".
Sin embargo, lamentó que "tribunales de alto impacto" no tengan sede y que sus jueces no lleven protección policial adecuada ni vehículos blindados, además de que el Parlamento se resista a aprobar 12 de las 16 iniciativas de ley que la Cicig ha propuesto para modernizar el sistema jurídico del país.
"Desmantelar la estructura clandestina de Portillo llevará años", dice Castresana
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Carlos Castresana, sostiene que "llevará años desmantelar" la estructura clandestina a la que pertenece el ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004), ya que "está muy arraigada al interior de las instituciones".
"Sería muy optimista decir siquiera que (la estructura de Portillo) está en jaque y mucho menos en jaque mate. Es una estructura poderosísima, lleva allí 30 años", aseguró Castresana en una entrevista con Efe.
"A mí me satisfaría pensar que para septiembre de 2011, cuando concluya nuestro mandato, hayamos sentado las bases para que la Fiscalía de Guatemala pueda continuar la tarea y culminar, pero siendo optimista yo no creo que eso lleve menos de una década", señaló.
Portillo, precisó el comisionado, es procesado por haber malversado fondos del Estado para financiar una estructura clandestina y no por los actos de corrupción cometidos durante su Administración.
"No perseguimos a Portillo por malversar fondos del Ministerio de la Defensa, lo perseguimos porque con esos fondos financió a la cofradía", aseguró.
El jefe de la Cicig explicó que el mandato de esa comisión es "desmantelar estructuras clandestinas, y lamentablemente para Portillo, él financió una de esas estructuras".
El ex gobernante fue capturado en febrero pasado a petición de la Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de haber utilizado el sistema financiero de ese país para lavar unos 70 millones de dólares que fueron desfalcados del erario público durante su mandato.
También tiene un proceso abierto ante la Justicia guatemalteca por delitos de peculado (malversación de fondos) del Ministerio de Defensa.
El proceso penal en contra de Portillo, agregó, "es un mensaje optimista" que indica que "se están produciendo cambios substanciales, de fondo" y los están haciendo los guatemaltecos.
Los jueces y fiscales guatemaltecos "están empezando a asumir su responsabilidad histórica de devolver a sus ciudadanos el Estado de Derecho, y lo están haciendo ellos", destacó.
La Cicig, señaló Castresana, no tiene el mandato de investigar los casos de corrupción, pero sí "a las redes de corrupción que actúan con ocasión del funcionamiento de los aparatos clandestinos de seguridad" y que generan impunidad para beneficiarse.
"Muchas personas me dicen que por qué no investigo los Gobiernos de (Óscar) Berger (2004-2008) o de (Álvaro) Arzú (1996-2000), o si el actual presidente (Álvaro Colom) o la primera dama (Sandra Torres) tienen corrupción, pero eso no forma parte de nuestro mandato", añadió.
Quiénes preguntan esto honestamente "solo pueden obtener una respuesta: tengan paciencia, ustedes lo irán viendo (...). Esperen, ya lo verán", dijo el comisionado, al precisar que los recursos de la Comisión son limitados y no se puede "hacer la guerra a todo el mundo al mismo tiempo".
"Nosotros estamos haciendo el trabajo, tenemos 16 meses aún, pero dejen que los gastemos, dejen que hagamos nuestra agenda, no nos la impongan", comentó, al resaltar que si para la conclusión del mandato de la Cicig no han hecho su trabajo "con algún grupo relevante", será entonces cuando les deban hacer los "reproches".
"No podemos hacer todo al mismo tiempo, y no podemos hacer las cosas en el orden que nosotros quisiéramos", manifestó.
La Cicig es una instancia de las Naciones Unidas que desde septiembre de 2007 colabora con las autoridades locales para desmantelar a las mafias que se han incrustado en las estructuras del Estado para procurar impunidad.
ASEGURA CASTRESANA.
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el jurista español Carlos Castresana, asegura que jueces, fiscales, políticos, diputados, empresarios y policías forman parte de las poderosas mafias que operan en este país.
Estos grupos criminales "son muy poderosos, tienen una enorme capacidad de torcer el brazo del Estado de Derecho" y "elementos poderosísimos dentro de la Fiscalía, dentro de la policía, dentro del Organismo Judicial", dijo Castresana en entrevista con Efe.
"No nos engañemos: hay magistrados que están en las nóminas (de las mafias), hay empresarios, hay políticos, hay diputados que trabajan para estos grupos", señaló.
Estos personajes, precisó, "saben totalmente lo que están haciendo" y, aunque no todos libran las mismas batallas, "cada uno tiene sus sectores de interés y sus grupos a proteger".
Se trata, explicó, de "grupos mortalmente enfrentados entre sí", pero que "ahora cierran filas" al sentirse amenazados "como nunca antes habían sido amenazados, por la Cicig pero también por el Ministerio Público".
Según el comisionado, "son grupos que hace 20 o 30 años trabajaban en el contexto del conflicto armado, y hoy trabajan simplemente por dinero".
"Y claro está que se protegen unos a otros y cierran filas cuando sienten el empuje del Estado de Derecho", afirmó.
En los dos años y medio que lleva la Cicig trabajando en Guatemala "estos grupos han sido identificados perfectamente, por eso es que están reaccionando", sostuvo Castresana al denunciar una "campaña de desprestigio" en contra del organismo que dirige.
Hace unos meses, agregó, estos grupos "podrían tener una idea genérica" de que estaban en la mira de la Cicig, "pero ahora sí tienen una idea muy concreta" por las actuaciones que ha llevado a cabo esta comisión y que, entre otras cosas, derivó en la detención de jefes policiales y del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004).
"Hay mucha información que todavía guardamos y que los malos no saben que tenemos, pero conforme traducimos esa información en prueba de cargo y los llevamos ante los tribunales, nuestras cartas se irán viendo conforme las ponemos sobre la mesa", indicó.
La Cicig es una instancia de las Naciones Unidas, única en su género, que fue solicitada por el Gobierno guatemalteco para colaborar en el desmantelamiento de los grupos criminales y mafias que se han incrustado en el Estado para procurar impunidad.
Castresana subraya que no son paranoicos pero sí han percibido una "actitud agresiva, negativa, infundada, de ciertos sectores" que responden a los "intereses de los grupos clandestinos".
"Hemos hecho tanto daño a sectores que nunca habían sido molestados en Guatemala, que éstos naturalmente reaccionan", señaló.
Según el jurista, "una de las maneras, no la única pero sí importante", con que las mafias intentan dañarles "es causando un desgaste a la imagen de la Comisión, incluso a la persona del comisionado", por medio de publicaciones malintencionadas.
Se refirió así a una supuesta campaña iniciada tras la captura de Portillo que se ha traducido, entre otro hechos, en diversas publicaciones en la prensa local en las que se cuestiona el trabajo de la Cicig y se critica que no se ataque a otros grupos criminales.
"Sabíamos que esto se iba a producir. No estamos particularmente asustados o alarmados, (pero) naturalmente nos molestan las falsedades que estamos viendo publicadas", declaró.
Los "operadores" de la campaña de desprestigio, indicó Castresana, utilizan los medios de comunicación locales para arremeter en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad.
"La prensa se escandalizó cuando, hace un año, dije que (los grupos clandestinos) están también dentro de los medios de comunicación y pedían nombres: pues allí están, ahí los tienen, los pueden ver con la misma transparencia (con) que los vemos nosotros", comentó.
Agregó que "en aquel entonces" estaban en una situación "tranquila" porque aún no se había tocado a los grupos que representan o protegen.
"Como ahora los hemos tocado, pues ellos han reaccionado", dijo.
"Estamos en el buen camino, se están dando los resultados. Precisamente por eso hay esa reacción feroz de lo grupos que nunca habían sido molestados", concluyó.
Castresana dice que la impunidad en Guatemala sigue "horrible", pero hay avances
La impunidad que afecta a Guatemala "sigue siendo horrible", con un índice de entre el 95 y el 99%, pero se han producido "avances importantes" para desterrarla, dijo el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), Carlos Castresana.
"Estamos hablando de un altísimo índice de impunidad, de entre el 95 y el 99%, lo cual es horrible, pero no se están produciendo retrocesos, sino avances importantes que se están consolidando", señaló el magistrado español en una entrevista con Efe.
Como evidencia de esos avances, precisó, "hay que ver las sentencias condenatorias" que se han producido en los últimos meses, así como "el número y calidad de las acusaciones" que promueve la Fiscalía y "el perfil cualitativo de las personas que están ingresando en prisión".
"¿Cuándo se había visto en la cárcel a un ex presidente, a un ministro de la Defensa, a un ministro de Finanzas, a dos jefes de la (Policía Nacional Civil) PNC, a empresarios, abogados, jueces?", preguntó Castresana, en referencia a los procesos en contra del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) y varios de los ex funcionarios de su Gobierno.
Estas detenciones "son muestras de que se está avanzando" porque se trata de personajes que integran, dirigen o procuran impunidad para grupos clandestinos y que "nunca habían sido molestadas por la jurisdicción penal en Guatemala", aseveró.
Los avances en la lucha contra la impunidad "son incontestables e indiscutibles", aseguró el titular de la Cicig, aunque reconoció que son "insuficientes" para este país centroamericano en donde cada día son asesinadas un promedio de 17 personas.
"Puede ser que se diga que no son lo suficiente. Sí es verdad, pero en ese sentido se debe hacer una evaluación con una perspectiva histórica sobre cómo estaba el país hace 20 años, cómo estábamos hace dos años, y cómo estamos ahora", indicó.
La Cicig es una instancia de las Naciones Unidas que desde septiembre de 2007 colabora con las autoridades locales para desmantelar a las mafias que se han incrustado en las estructuras del Estado para procurar impunidad.
El comisionado reconoció que en Guatemala "hay personas muy comprometidas, muy confiables, que entienden perfectamente la situación de emergencia para adoptar las medidas que se requieren".
Sin embargo, lamentó que "tribunales de alto impacto" no tengan sede y que sus jueces no lleven protección policial adecuada ni vehículos blindados, además de que el Parlamento se resista a aprobar 12 de las 16 iniciativas de ley que la Cicig ha propuesto para modernizar el sistema jurídico del país.
"Desmantelar la estructura clandestina de Portillo llevará años", dice Castresana
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Carlos Castresana, sostiene que "llevará años desmantelar" la estructura clandestina a la que pertenece el ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004), ya que "está muy arraigada al interior de las instituciones".
"Sería muy optimista decir siquiera que (la estructura de Portillo) está en jaque y mucho menos en jaque mate. Es una estructura poderosísima, lleva allí 30 años", aseguró Castresana en una entrevista con Efe.
"A mí me satisfaría pensar que para septiembre de 2011, cuando concluya nuestro mandato, hayamos sentado las bases para que la Fiscalía de Guatemala pueda continuar la tarea y culminar, pero siendo optimista yo no creo que eso lleve menos de una década", señaló.
Portillo, precisó el comisionado, es procesado por haber malversado fondos del Estado para financiar una estructura clandestina y no por los actos de corrupción cometidos durante su Administración.
"No perseguimos a Portillo por malversar fondos del Ministerio de la Defensa, lo perseguimos porque con esos fondos financió a la cofradía", aseguró.
El jefe de la Cicig explicó que el mandato de esa comisión es "desmantelar estructuras clandestinas, y lamentablemente para Portillo, él financió una de esas estructuras".
El ex gobernante fue capturado en febrero pasado a petición de la Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de haber utilizado el sistema financiero de ese país para lavar unos 70 millones de dólares que fueron desfalcados del erario público durante su mandato.
También tiene un proceso abierto ante la Justicia guatemalteca por delitos de peculado (malversación de fondos) del Ministerio de Defensa.
El proceso penal en contra de Portillo, agregó, "es un mensaje optimista" que indica que "se están produciendo cambios substanciales, de fondo" y los están haciendo los guatemaltecos.
Los jueces y fiscales guatemaltecos "están empezando a asumir su responsabilidad histórica de devolver a sus ciudadanos el Estado de Derecho, y lo están haciendo ellos", destacó.
La Cicig, señaló Castresana, no tiene el mandato de investigar los casos de corrupción, pero sí "a las redes de corrupción que actúan con ocasión del funcionamiento de los aparatos clandestinos de seguridad" y que generan impunidad para beneficiarse.
"Muchas personas me dicen que por qué no investigo los Gobiernos de (Óscar) Berger (2004-2008) o de (Álvaro) Arzú (1996-2000), o si el actual presidente (Álvaro Colom) o la primera dama (Sandra Torres) tienen corrupción, pero eso no forma parte de nuestro mandato", añadió.
Quiénes preguntan esto honestamente "solo pueden obtener una respuesta: tengan paciencia, ustedes lo irán viendo (...). Esperen, ya lo verán", dijo el comisionado, al precisar que los recursos de la Comisión son limitados y no se puede "hacer la guerra a todo el mundo al mismo tiempo".
"Nosotros estamos haciendo el trabajo, tenemos 16 meses aún, pero dejen que los gastemos, dejen que hagamos nuestra agenda, no nos la impongan", comentó, al resaltar que si para la conclusión del mandato de la Cicig no han hecho su trabajo "con algún grupo relevante", será entonces cuando les deban hacer los "reproches".
"No podemos hacer todo al mismo tiempo, y no podemos hacer las cosas en el orden que nosotros quisiéramos", manifestó.
La Cicig es una instancia de las Naciones Unidas que desde septiembre de 2007 colabora con las autoridades locales para desmantelar a las mafias que se han incrustado en las estructuras del Estado para procurar impunidad.
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