LA OPERACIÓN PAVO REAL

SICARIOS DE CUELLO BLANCO

LA OPERACIÓN PAVO REAL

El 25 de septiembre del 2006, se realizó la más grande operación de, aparente, requisa en Pavón, de todos los tiempos.

Ubicada a sólo 17.5 kilómetros de Ciudad de Guatemala. El penal vivía bajo las normas dictadas por un inusual órgano de gobierno: el Comité de Orden y Disciplina (COD), como llamaban los reclusos a la casta política de presidiarios que desde 1996 definía las normas de convivencia de esta prisión en la que estaban confinados mil 651 reos.

Fueron varios centenares de miembros del ejército nacional, de la policía nacional civil, guardias del sistema penitenciario, de cuerpos especiales y de personas particulares, los que participaron en el operativo, TRES MIL OCHENTA Y SEIS, para ser exactos.

El plan fue ideado por Alejandro Giammattei, Director del Sistema Penitenciario y Carlos Vielman, Ministro de Gobernación, durante el gobierno de Oscar Berger.

Se llamó, OPERACIÓN PAVO REAL y perseguía, “oficialmente”, retomar el control por parte del gobierno, del sistema penitenciario o sea, arrebatar el poder al COD. En la toma de la cárcel murieron Luís Alfonso Zepeda, Jorge Batres (colombiano), Erick Estuardo Mayorga, José Abraham Tinihuar, Carlos René Barrientos, Mario Misael Castillo y Gustavo Alonso Correa. Sólo Zepeda pertenecía a El Comité. Era su presidente y había llegado a Pavón condenado a 27 años de prisión por asesinato. Javier Figueroa, subdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que los siete hombres murieron en medio del fuego cruzado. "Se les hizo un llamado para que se entregaran, pero resistieron".

Muy pocos creyeron esta versión, solo locos podían enfrentarse a esos tres mil hombres, las versiones de los demás presos dieron luz a los investigadores del MP y la CICIG, y ahora se sabe que fueron victimas de ejecuciones extrajudiciales.

Unos meses después, la Procuraduría de los Derechos Humanos denunció que el operativo había sido utilizado para EJECUTAR EXTRAJUDICIALMENTE a siete prisioneros y en los diarios aparecieron algunos datos curiosos, como el caso de los hermanos Henry Danilo y José Luís Benítez Barrios, que como si fueran Rambos, rocambolescamente, participaron en este operativo, el director de la Policía Nacional Civil, dijo que trabajaban como sus asesores, pero seguidamente se pudo establecer que fueron contratados en la Policía Nacional Civil, hasta en el mes de octubre o lo que es lo mismo, participaron por su cuenta, con el respaldo de las autoridades.

Algunos reos cuentan que vieron a Batres, quien les dijo que había dado otro nombre para escapar de los encapuchados. Un prisionero le contó a los investigadores de la Procuraduría de Derechos Humanos que dos guardias bajaron a los sectores y gritando su nombre: "¡Jorge Batres Pinto!". Los reclusos le aconsejaron no salir, pero los guardias llegaron y le entregaron un papelito. “es mi abogado", dijo. Salió confiado de la celda. Apareció muerto dentro de su casita de madera.

Ayer se supo que unos 50 reclusos rendirán declaración anticipada. Los reclusos acusan a Alejandro Giammattei, ex jefe de Presidios y ex candidato a la Presidencia, de llevar a Pavoncito, una lista con los nombres de personas a quienes planificaban matar, entre otros a Noel de Jesús Beteta, sentenciado por la muerte de la antropóloga Myrna Mack, a Ricardo Ortega del Cid, condenado por la muerte de Karen Fleischman y al colombiano Jorge Batres.

Todo esto está documentado en el Ministerio Público –MP- y en la CICIG

Pero hoy, cuando esta investigación ha sido nuevamente activada, después que la ex fiscal de la CICIG, Gisele Rivera denunciara públicamente que si hubo ejecuciones extrajudiciales en la cárcel de Pavón, resulta que al que se estaba investigando, Alejandro Giammattei, ahora se da por amenazado en su seguridad, junto a su familia y busca asilo en la Embajada de Honduras y el otro implicado, Carlos Vielman, salio del país hace casi un mes.

Lo mismo de siempre, cuando se les descubre el “cobre” resulta que son perseguidos políticos o se refugian en hospitales, para tratar de eludir la acción de la justicia.
Muchos, irresponsablemente, dirán que a los delincuentes hay que matarlos, pero así comenzó la época de violencia allá en los años sesenta, primero fueron los delincuentes los que comenzaron a aparecer asesinados en cualquier esquina, cuando ya nos habían acostumbrado y pensábamos que todo aquel que aparecía asesinado, era porque algo debía, comenzaron a asesinar ciudadanos por disentir con los grupos de poder y se multiplicaron los grupos paramilitares, con las terribles consecuencias de la guerra de los treinta y seis años

No estamos en las épocas totalitarias de Jorge Ubico, donde se aplicaba la “Ley Fuga”. Deben funcionar las instancias de justicia del país y no debe perdonarse ni olvidarse los crímenes cometidos por cualquiera.

Giammattei, Vielman, Sperinssen, Figueroa y los demás que participaron, deben pagar por las vidas que cegaron.

Si no es así, nunca llegaremos a construir un Estado de Derecho.