viernes, 25 de mayo de 2012

CUATRO MESES Y SEGUIMOS CONTANDO





Hace ya cuatro meses y diez días que tomó posesión el gobierno de Otto Pérez Molina y. . . no arranca.

Hace cuatro meses y diez días y no logra definir qué hacer, mucho menos las prioridades necesarias que utilizará durante su gobierno.

Todavía sigue echando las culpas de su inacción al gobierno anterior, sin demostrar lo que tantas veces aseguró, que con él todo cambiaría. . . pero no hay modo que cambie nada.

No tiene equipo para gobernar, está improvisando, utilizando personajes quemados en la política y la administración pública en gobiernos anteriores, por el solo hecho de ser del círculo cercano a la Vicepresidente Roxana (Roxandra) Baldetti, individuos llenos de reparos en la Contraloría General de Cuentas, señalados públicamente por tener la cola machucada y sin embargo, pese a las declaraciones altisonantes de tener un gobierno de transparencia, hace defensa cerrada de personajes que no tienen finiquito, que tienen juicios de cuentas pendientes, los ejemplos abundan.

Hasta ahora han sido incapaces de echar andar los programas sociales que construyera exitosamente en el gobierno anterior, Sandra Torres Casanova y que le redituara muchos votos a la UNE, ya que fue el mayor éxito de ese gobierno, le dan muchas vueltas al asunto, pero la verdad es que no saben cómo ejecutarlos, ni tienen a las personas idóneas para hacerlo.

Esto está provocando un desgaste fuerte al gobierno de Pérez Molina, ya que se comienzan a sentir las protestas por la ineptitud de su administración, que impide que estos programas vuelvan a llegar a la población más necesitada. La ganadora es Sandra Torres, ya que la percepción popular es que “ella si era capaz y ansiosa de servir a los pobres”

Otro de los proyectos en que han demostrado también su incapacidad, ha sido en el tema de los fertilizantes, en que tuvieron que utilizar, el criticado por ellos mismos, sistema de excepciones, no contaban con los canales de distribución y las denuncias llueven en el sentido de la politización que los mandamases del PP en el interior, se han aprovechado para quedarse con mucho excedente sin repartir, que es distribuido a dedo a sus más cercanos colaboradores.

La red hospitalaria sigue sin ser atendida como debiera, el cambio del doctor Arredondo como Ministro, seguido de una serie de acusaciones de corrupción al Dr. Villavicencio y la forma como presionó el gobierno para que al doctor Villavicencio le extendieran el finiquito, han manchado aún más este inicio de la administración de Pérez Molina, en tanto los pacientes de los hospitales nacionales siguen sufriendo la falta de abastecimiento de medicinas por parte del gobierno central, que también tambaleó ante la presión de Cohen y Gustavo Alejos, que obligaron a Pérez Molina a que ordenara al Ministro de Finanzas, Pavel Centeno que había declarado lesivo el contrato por la compra de medicinas con la Farmacéutica Cohen, por DOS MIL MILLONES DE QUETZALES, que diera marcha atrás a esa resolución apenas después de 14 días de tomada.

Este hecho, que evidencia la fragilidad del régimen frente a sus financistas, seguramente fue el detonante que impulsó la renuncia de Francisco Arredondo a esa cartera.

En otro hecho que demuestra la improvisación, tuvo que exigirle la renuncia al Viceministro de Deportes Devick Osorio, apenas una semana después de haber tomado posesión, debido a las denuncias de malos manejos por parte de la Contraloría y los medios de comunicación, cuando fue parte de la Junta Directiva de la CDAG.

En el Ministerio de Comunicaciones, también utilizó el sistema de excepción, para dar a dedo a sus amigos y simpatizantes, la reparación de carreteras, cancelando los contratos que habían sido otorgados por COVIAL, las carreteras están cada día que pasa en peor estado y ya llegó el invierno y comienzan a verse con las primeras lluvias los desastres, debido a la incapacidad de Alejandro Sinibaldi en la cartera que dirige.

El señalamiento de que a través de la Secretaría de Transparencia, a cargo de la Vicepresidente, es que se canalizan los negocios de los funcionarios con un control férreo por parte de esa secretaría. Como en los gobiernos anteriores, los escándalos se suceden en todos los lugares, los puertos, las aduanas, migración, la construcción y mantenimiento de carreteras, los funcionarios que a la vez son contratistas del Estado, la compra de medicinas y un largo etcétera, adornan estos escándalos.
Por ello las organizaciones sociales exigen la cancelación de los Fondos Sociales y que esas actividades sean absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Social, ya que al existir este Ministerio, no se justifica la existencia de los Fondos, que únicamente han servido para desviar los dineros del Estado y enriquecer a una rosca de colaboradores.

A esta incapacidad manifiesta del nuevo gobierno, se debe sumar la polarización ciudadana en torno a la explotación de nuestros recursos naturales, las comunidades donde se han dado licencias para realizar inversiones para explotar nuestros recursos naturales, tienen una opinión/actitud negativa respecto a estas actividades y casi la totalidad de estas inversiones son de capital extranjero en la explotación de minerales metálicos y no metálicos, hidroeléctricas y monocultivos intensivos, ya que se han llevado a cabo “consultas populares” en esas comunidades que no aceptan que se lleven a cabo estas explotaciones y tienen actitudes de rechazo a veces violentas.

El último caso, aún en marcha, es el de Santa Cruz Barillas, donde el gobierno de Otto Pérez Molina impuso el Estado de Sitio, expresamente para proteger los intereses del grupo español dueño de la concesión, en vez de dialogar con los vecinos de este municipio y llegar a acuerdos, porque según el Presidente esa oposición comunitaria es motivada ideológicamente por ONGs financiadas por la cooperación internacional y algunos gobiernos “amigos”, para desestabilizar el accionar de su gobierno y la intervención de algunos líderes revoltosos, financiados por el narcotráfico.

Las comunidades afectadas por esa violencia, tampoco obtienen beneficios, ya que los empleos que se generan son limitados y temporales, las inversiones colaterales son mínimas y el derrame de los montos millonarios invertidos en esos proyectos es excluyente paras esas comunidades.

Además de ello, la intervención para imponer el orden en esas zonas a las que los gobiernos no han prestado atención, es decir que permanecen olvidadas, es obvio que genera la sensación de injusticia y cohesiona la protesta de las comunidades.

El problema de este gobierno es que no tiene la más mínima idea de qué tipo de política de inversión en recursos naturales debiera seguir y entonces se convierte en gobierno-bombero, corriendo de un lado a otro, apagando fuegos, ya que los conflictos de este tipo están latentes en casi un centenar de municipios, por lo que no se trata de implantar Estados de Sitio, sino de crear políticas de una vez por todas, políticas que ayuden a esas comunidades a sobrevivir dignamente y que sus ciudadanos tengan, como es natural, el derecho de expresar sus desacuerdos con los procedimientos que para el uso de sus recursos humanos, trate de ejecutar el gobierno de turno y a su vez, el gobierno debe acercarse a las comunidades y respetar su derecho de opinión en cuanto a lo que se hará en su comunidad y en consenso, tomar decisiones.

Desde antes de lo de Santa Cruz Barillas, los ojos de la comunidad internacional están puestos en el gobierno de Otto Pérez Molina, primero por su pasado represivo y segundo por la forma absurda en que abordó este conflicto.

El gobierno de Pérez Molina no sabe qué hacer, tiene miedo de ejercer soberanía sobre los recursos naturales, lo cual eliminaría la conflictividad en el campo y mejoraría los ingresos financieros del Estado, pero teme que los inversionistas se asusten y se vayan, lo cual es absurdo, ya que las ganancias que obtienen en el país, sobre todo si no existen conflictos y con mano de obra barata en el país, les deja un margen de ganancia muy amplio y sabedores de lo que les cobrarían como regalías en otros países, en China el 75%, en Cuba, Canadá y Estados Unidos el 45%, el subir las regalías a un 30% no hará que huyan de nuestro país, eso es injustificado, lo que sucede es que la oligarquía criolla no quiere que esas tasas se establezcan porque a sus pequeñas inversiones no podrían sacarles las ganancias que pretenden.

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