“Vengo de la primera identificación científica contundente por ADN que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, FAG, ha hecho de un desaparecido forzoso registrado en el Dossier de la Muerte y encontrado en una fosa dentro de las instalaciones del Antiguo Destacamento Militar de San Juan Comalapa, Guatemala. Se trata de mi único tío, hermano de mi padre. La verdad ha salido de la fosa. Su dignificación depende ahora de nosotros y nosotras”
Este es ni más ni menos el mensaje de Anaí, hija de mi amigo Aquiles Linares, que nos ha llegado a través del correo electrónico, el cual refleja un final de camino en la búsqueda de un ser querido, víctima de la demencial estrategia antisubversiva del gobierno de Guatemala durante los 36 años de la guerra interna, donde se perdió totalmente el Estado de Derecho, ya que se evitó la captura legal de las personas que se oponían a la existencia de dos realidades en una misma circunscripción geográfica, la de las clases pudientes, dueñas del país y la de los que viven en la miseria y la pobreza extrema y que son, sin lugar a duda, la mayoría de la población. Realidad que subsiste desde que las hordas de los conquistadores llegaron a nuestro país y que heredaron los criollos y la han profundizado.
Fue lo que los asesores militares, la mayoría de ellos estadounidenses y el resto israelitas y argentinos, impusieron a nuestro gobierno, desde luego con toda la complacencia por parte de las autoridades y el poder económico. La tierra arrasada, las masacres de poblados debidamente programadas, el uso de los medios de comunicación para ir provocando una falta de asideros hacia la Nación y la prepotencia de un ejército dependiente de una potencia, con la complicidad de una iglesia católica, mayoritaria en su momento, que por medio de la fe, aplacó el naciente espíritu de cambio que se había ido cimentando en los ciudadanos.
No, aquí no existieron los presos políticos, todos fueron ejecutados extrajudicialmente. No existe precedente en toda América Latina, de las masacres ejecutadas por las fuerzas de “seguridad del Estado” en contra de sociedad civil, igual que no existe precedente a nivel mundial, de un pueblo que haya sido castrado al extremo, tanto que los afectados, en una gran mayoría de las zonas afectadas por la represión, avalan el accionar del ejército represor y eligen a uno de los más señeros representantes de la represión institucional que asoló a nuestro país, para ocupar la primera magistratura de la Nación.
En cualquier país civilizado, donde exista Estado de Derecho, se lleva ante los tribunales a quienes subvierten el orden, acá sin Estado de Derecho y con apenas existencia como Nación, no sucedió nada similar, la orden fue eliminar a la “inteligencia” (como se le denominó en su momento a los intelectuales y gente con mayor preparación que la mayoría) y de allí las masacres de universitarios y luego de las posibles bases del movimiento, el campesinado y los pueblos originarios, hasta convertir el territorio nacional en un río de sangre. A esta brutalidad es a la que debemos decir “Nunca, Jamás” y no habrá paz, sino hay un reconocimiento, que es lo mínimo que exigen los familiares de estos más de 200,000 muertos y desaparecidos, que creo el ejército nacional. No es que se busque venganza, lo que se quiere es JUSTICIA, que se lleve a juicio a los que ejecutaron las ordenes, así como a los que dieron las ordenes.
No es posible que, como en el caso de mi amigo y colega, el Ingeniero Sergio Saúl Linares Morales, que el ejército niegue que en el lugar funcionara el Antiguo Destacamento Militar de San Juan Comalapa y alegue que no tienen datos de quienes estuvieron en ese Destacamento ni quienes fueron sus autoridades.
Así, no se puede restituir el tejido social dañado en la población guatemalteca.
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